sábado, noviembre 21, 2026
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    CONARE se pronuncia ante voto de la Sala Constitucional que declara inconstitucional la moción que rebajó los fondos postergados del FEES

    El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) se pronuncia ante la resolución N.° 45631-2026, emitida este 20 de noviembre por la Sala Constitucional, mediante la cual se declaró inconstitucional la moción N.° 16, aprobada por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, que rebajó ₡8.048.128.252 de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

    La Sala Constitucional determinó que dicha moción incurrió en un vicio sustancial del procedimiento legislativo por infracción del artículo 85 de la Constitución Política.

    Además, dispuso que deberá eliminarse las disposiciones declaradas inconstitucionales. De no hacerlo, se tendrá por excluida la aprobación de la moción N.° 16 y el presupuesto se ajustará a los términos anteriores a su aprobación, en lo correspondiente a los fondos postergados del FEES.

    En ese mismo sentido, el CONARE espera que, en el trámite legislativo del Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2026, con respecto a los recursos del FEES, se respeten las disposiciones constitucionales que regulan el financiamiento de la educación superior universitaria estatal.

    Para el CONARE, lo resuelto pone de manifiesto la importancia de que las decisiones legislativas relacionadas con el financiamiento de la educación superior universitaria estatal se adopten con apego a las disposiciones constitucionales y a los procedimientos que regulan esta materia.

    Los recursos objeto de la moción corresponden a ₡8.048 millones cuyo reintegro había sido acordado entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales en el marco de la Comisión de Enlace. Su destino está vinculado con compromisos de inversión de las universidades públicas, por lo que su incorporación presupuestaria es relevante para la planificación y el desarrollo de sus funciones.

    La educación superior universitaria estatal cumple una función estratégica para Costa Rica mediante la formación de profesionales, la investigación, la extensión y la acción social. Estas actividades generan oportunidades para la población y contribuyen al desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico y social del país.

    Por ello, el financiamiento de las universidades públicas debe abordarse desde la responsabilidad institucional y el respeto al marco constitucional que lo sustenta. Las decisiones presupuestarias en esta materia tienen implicaciones que trascienden a las instituciones universitarias y alcanzan al conjunto de la sociedad costarricense.

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    Dra. Karol Ramírez Chinchilla
    Dra. Karol Ramírez Chinchilla
    Periodista / Jefatura - Mercadeo y Comunicación
    kramirezc@uned.ac.cr

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