Con el propósito de generar un espacio de diálogo y análisis, acerca del Acuerdo de Escazú, el Centro de Educación Ambiental (CEA) y la Dirección de Extensión Universitaria (DIREXTU) de la UNED, llevaron a cabo la videoconferencia: “Acuerdo de Escazú, una deuda ambiental con el pueblo de Costa Rica”.
Dicha actividad que fue transmitida por el programa de Videocomunicación (VICOM), tuvo como panelista a Jorge Cabrera Medaglia, consultor internacional en derecho ambiental y profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la UNED, a Adriana Villalobos, coordinadora del CEA, y a Rafael López, del Programa de Gestión Local.
Cabe destacar que, el Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018, pero entró en vigencia en abril del 2021. El tratado busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo, que lleva el nombre de la ciudad de Escazú en Costa Rica donde se firmó, es considerado un hito en la región, ya que representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en temas ambientales.
De momento, este acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los 33 conforman la región. Desde su entrada en vigencia, tres países nuevos han ratificado el acuerdo: Chile, Granada y Belice. Entre los grandes ausentes está Costa Rica, uno de los países que lideró la creación del acuerdo.
“El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico de gestión y de gobernanza ambiental, el cual es de suma importancia para el país, ya que este pretende garantizar el derecho al acceso a la información ambiental, el derecho a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión relacionadas con el ambiente, el derecho a la justicia en los asuntos ambientales, lo cual es vinculante con el artículo 50 de nuestra Constitución Política”, manifestó Villalobos.
“La UNED, en acatamiento a su compromiso social y ambiental, desde el año 2021 año en que entró en vigor el Acuerdo de Escazú, ha realizado acciones de difusión, de análisis y de incidencias relacionadas con este tema dentro de los cuales podemos mencionar la elaboración de un pronunciamiento por parte del Consejo Universitario, en el cual se solicitaban al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa, proceder con la con la aprobación final de dicho expediente; asimismo, el CEA en vinculación con la Dirección de Producción de Materiales Didácticos ha elaborado recursos educativos como es el caso del ABC para entender el Acuerdo de Escazú, entre otros materiales. Es por ello que para nosotros es importante abordar este tema”, agregó Villalobos.
Rafael López, del Programa de Gestión Local, dijo que aproximadamente hace dos meses el Congreso de la República desistió en la ratificación del acuerdo, acción que también tiene algunas implicaciones importantes dentro de agenda ambiental nacional.
“24 países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de Escazú y eso es muy importante. Uno de los países con una economía más abierta que la costarricense es Chile y ya Chile ratificó, Colombia ratificó y Costa Rica que era el país garante de ese acuerdo no ha ratificado todavía, eso es una vergüenza nacional y creo que precisamente en estos términos hay que ponerlos”, manifestó López.
Por su parte, Jorge Cabrera Medaglia, consultor internacional en derecho ambiental, agradeció a la UNED tomar retomar este tema que es de mucha importancia para el país.
“Quisiera agradecer el compromiso de la Universidad por continuar impulsando un proceso que por ahora está detenido, pero que esperemos pronto pueda volver a tomar el impulso que nunca debió haber perdido, En este espacio vamos a tratar de explicar el proceso que ha tenido el Acuerdo de Escazú y de la importancia que tiene para Costa Rica y la región latinoamericana y de El Caribe”, indicó.
Cabrera Medaglia, explicó que el Acuerdo de Escazú establece una serie de obligaciones para los países que lo ratifiquen, entre ellas, la obligación de garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones en temas ambientales y el acceso a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente.
Además, expresó que el Acuerdo de Escazú es considerado un instrumento fundamental para garantizar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y El Caribe, ya que este acuerdo promueve la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en temas ambientales, lo que representa un gran avance para la región. Con su ratificación y aplicación, se espera que el Acuerdo de Escazú contribuya a la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles en América Latina y el Caribe.
“El Acuerdo de Escazú en realidad lo que hace es cristalizar principios del derecho ambiental, principios del desarrollo sostenible, principios de la democracia, que tenían ya una larga data, de hecho, el acuerdo nace con el propósito de llevar a un plano normativo, por ejemplo, la Declaración de Río, que hablaba de los llamados derechos de acceso, que eran fundamentalmente el acceso a la información, el acceso a la participación pública en materia ambiental y el acceso a la justicia; en este mismo tipo de temas esto es un principio que ya desde el año 1992, quienes participaron en la negociación de este de esta declaración habían reconocido la necesidad de avanzar estos tres grandes derechos de acceso, que se consideran además, como aspectos esenciales para hacer realidad el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, acotó Cabrera Medaglia.
En la actualidad, países miembros del Acuerdo de Escazú se reúnen en Buenos Aires, Argentina, para llevar a cabo la reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, que tiene por objeto, elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y conocer cualquier otro asunto que las Partes decidan. Para ver la actividad completa, ingrese al siguiente enlace: Acuerdo de Escazú, una deuda ambiental con el pueblo de Costa Rica
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