Publicación a solicitud de la Subcomisión de Comunicación de la Extensión y Acción Social, del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en el marco del marco del Día Internacional para la Reducción de Riegos de Desastres este 13 de octubre
La gestión del riesgo de desastres es un enfoque de desarrollo sostenible de las sociedades modernas. A medida que el mundo enfrenta el aumento de fenómenos naturales extremos, como huracanes, terremotos, inundaciones y sequías, es necesario contar con estrategias preventivas que ayuden a reducir su impacto. Este enfoque de desarrollo es transversal, y busca integrar las políticas públicas, el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y las dinámicas sociales para reducir la vulnerabilidad de los territorios y las comunidades.
El concepto de gestión del riesgo parte de la idea de que los desastres no son naturales, sino el resultado de la interacción entre los fenómenos naturales y la vulnerabilidad socialmente construida. La cual puede estar vinculada a factores como la pobreza, la falta de infraestructura adecuada, la planificación territorial deficiente, factores políticos, la ausencia de sistemas de alerta temprana entre otros. Por lo tanto, busca reducir estos factores mediante la implementación de acciones planificadas y coordinadas centradas en la prevención y preparación y no solamente enfocadas en la respuesta a las emergencias
Este proceso implica identificar y analizar las amenazas, así como las características específicas que hacen que ciertos sectores sean más propensos a sufrir el impacto de los desastres. La reducción de la vulnerabilidad no solo implica mejorar la infraestructura, sino también fortalecer las capacidades sociales, económicas e institucionales para que las comunidades puedan enfrentar y recuperarse.
En el caso particular de América Latina y el Caribe, según el informe Panorama de los Desastres (2023), es la segunda región que tiene mayor probabilidad para ser impactada por desastres a nivel mundial. Asimismo, indica que alrededor de 190 millones de personas fueron perjudicadas por 1534 desastres. En este sentido se debe tomar en consideración que las poblaciones mayormente afectadas son aquellas que tienen algún factor de vulnerabilidad.
En línea con lo anterior, pero a nivel país, Costa Rica es un escenario multiamenaza que ve afectado su territorio de forma constante por inundaciones, pero aunado a esto se encuentran otras amenazas naturales como la sísmica, volcánica, sequías o antrópicas como los incendios forestales u otras.
Según el Informe de Estado de la Nación (2023) para el año 2022 se reportaron 1 196 desastres asociados a eventos hidrometeorológicos y geológicos que en comparación con el 2018 tuvieron un incremento importante. Además, se reportaron 4 879 personas y 825 viviendas afectadas por inundaciones y deslizamientos.
Ante este panorama se resalta, generalmente, la importancia de la intervención de los cuerpos de primera respuesta a emergencias ante la salvaguarda de la vida de las personas en las comunidades afectadas, pero, un aspecto de suma importancia es promover una cultura preventiva. Esto significa que tanto las autoridades como la ciudadanía deben reconocer que los desastres pueden ser prevenidos o, al menos, sus impactos pueden ser reducidos. Una cultura de prevención implica la integración de prácticas y comportamientos que fomenten la seguridad y la resiliencia. Donde se hace necesario un cambio de enfoque, pasando de la tradicional visión reactiva de solo atender emergencias cuando ocurren, a una visión preventiva que minimice las probabilidades de que las comunidades sufran graves consecuencias ante eventos adversos.
En este sentido la resiliencia es un concepto clave dentro de esta cultura preventiva que no solo depende de factores materiales, como infraestructuras o tecnología, sino también de factores sociales y organizativos, como la cohesión social, la educación y la preparación.
En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riegos de Desastres estos conceptos cobran mayor importancia ya que, al implementar acciones planificadas y coordinadas, la gestión del riesgo reduce la exposición de las personas, infraestructura y ecosistemas a amenazas, y asegura que las estrategias de respuesta y recuperación sean más efectivas. Así, la prevención se convierte en un factor clave para salvar vidas, proteger el patrimonio y mantener la estabilidad social y económica en contextos de emergencias y desastres.
Por tanto, debe ser un esfuerzo planificado y coordinado entre diversos actores sin dejar de lado a las comunidades y sus gobiernos locales. Lo que lleva a considerar las condiciones cambiantes de los territorios y las amenazas que puedan surgir. Las políticas de gestión del riesgo de desastres se deben integrar en los planes de desarrollo local y nacional, así como a nivel institucional, y deben ser revisadas y ajustadas de manera continua en función de las lecciones aprendidas y los nuevos desafíos. A medida que los patrones climáticos se vuelven más erráticos y extremos, los territorios deben adaptar sus estrategias de mitigación y adaptación para enfrentarlos.
En este sentido, las universidades públicas desempeñan un papel fundamental en la gestión del riesgo de desastres a través de sus tres actividades sustantivas como lo son la investigación, la docencia y la acción social ya que contribuyen de manera significativa a la construcción de una cultura de prevención y resiliencia. Al ser espacios de generación de conocimiento, promueven la innovación en el análisis de riesgos, aportando soluciones que combinan la ciencia con la gestión territorial, la planificación estratégica y la gobernanza. Además, las universidades, al estar vinculadas al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, forman a profesionales capacitados en la identificación, reducción y manejo de riesgos, y facilitan espacios de interacción entre la academia, el sector público, privado y las comunidades. Así, estas instituciones son también un puente para fortalecer la resiliencia social, creando conciencia sobre la importancia de la prevención y promoviendo redes de colaboración para abordar los retos del cambio climático y la respuesta a emergencias.
Asimismo, las universidades permiten la interacción multidisciplinaria que ofrece una perspectiva integral del riesgo lo que se ve proyectado en diferentes actividades que se desarrollan desde proyectos y programas de extensión y acción social, una de ellas es la sensibilización a la población sobre la importancia de la gestión del riesgo lo que promueve una mayor participación en la toma de decisiones. La educación y la sensibilización en estos temas son claves para lograr una sociedad más resiliente.
En este sentido, uno de los compromisos asumidos por las universidades públicas a través de la Subcomisión de Gestión del Riesgo de Desastres del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025, es la organización del VI Congreso Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, el cual se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre de 2024, este será un espacio clave para promover el diálogo interdisciplinario y multisectorial sobre los desafíos actuales en la gestión del riesgo. Con la participación de actores del sector público, privado y académico, este congreso busca fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a través de la presentación de investigaciones, experiencias territoriales y estrategias innovadoras.
Por: Kattia Media Arias, coordinadora de la Unidad de Gestión del Riesgo y Reducción de los Desastres, UCR y coordinadora de la Subcomisión de Gestión del Riesgo de Desastres del CONARE 2024
Publicación a solicitud de la Subcomisión de Comunicación de la Extensión y Acción Social, del Consejo Nacional de Rectores
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