Por: Renzo Kcuno Aimituma
En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto de Estudios de Género (IEG) de la UNED y la Fundación Justicia y Género, llevaron a cabo la conferencia virtual “Violencia femicida y violencia feminicida colateral”.
A fin de analizar y discutir dicha temática, los organizadores invitaron a dos especialistas, entre ellos, Luz Estela Castro Rodríguez, abogada, activista social y defensora de los Derechos Humanos en México, y a Héctor Javier Talamantes Abe, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua, México. La conferencia virtual fue transmitida por el Programa de Videoconferencia y Audiografia (VAU) de la UNED, que conectó a varios países latinomericanos.
En este espacio, Castro Rodríguez aprovechó para contar la experiencia que tuvo como abogada de Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, quien fue asesinada en el 2008 por su expareja Sergio Barraza.
El asesinato de Rubí Fraire Escobedo a manos de Sergio Barraza cuando ella tenía 16 años hizo que su madre, Marisela Escobedo, iniciase una cruzada incansable por todo México para lograr la captura y el juicio del hombre que mató a su hija. Sin embargo, la corrupción del sistema judicial impidió que Marisela pudiese ver resultados favorables y, por el contrario, la convirtió en una víctima más de la impunidad femicida.
“El juicio de Rubí, la hija de Marisela, evidenció los principales problemas que las mujeres enfrentan en México y me atrevo a decir que en América Latina, para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, en un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres… México es conocido en la región como el país que tiene más avances en lo que respecta al marco jurídico que tutela los derechos de las mujeres y hemos firmado muchos tratados internacionales como la Convención Internacional de Belem Do Pará y la Sentencia del Campo Algodonero, que fue dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Parafraseando a Alda Facio, diríamos que el componente formal está bastante aceptable, pero el problema estriba en el componente político estructural, es decir en la interpretación de las leyes por parte de los operadores de justicia”, manifestó Castro Rodríguez.
“Marisela utilizó su voz como principal instrumento en la defensa de los Derechos Humanos, hizo uso de ellas en diferentes espacios, en los que su integridad, entrega y tenacidad y resistencia, reclamó la inactividad de las autoridades, de la investigación de los hechos y la sanción de los responsables”, agregó Castro Rodríguez.
Por su parte, Héctor Javier Talamantes Abe, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua, México, se refirió a la experiencia que ha tenido como juez desde la década de los años 90.
Según el juez, en esa década se generaron hechos muy fuertes de violencia contra las mujeres y hasta escalofriantes, principalmente en poblaciones jóvenes, relató.
“En ese tiempo no se acuñaba o había una investigación teórica de cómo llamarle o cómo denominarle a esta serie de actos de mucha tortura, crueldad y violencia hacia las mujeres, es especial en Ciudad Juárez y luego se traslada a Chihuahua”, explicó Talamantes Abe.
Para Talamantes Abe, las convenciones que dieron una orientación positiva a estos temas de violencia contra la mujer fueron, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Internacional de Belem Do Pará, el primero en 1979 y el segundo en 1999, respectivamente.
Sin embargo, el juez mexicano indicó que estos tratados o convenios internacionales se ha quedado rezagados y lo que ha ocurrido es que cada país a nivel nacional ha implementado sus propias leyes.
“La violencia contra las mujeres requieren de un trabajo distinto al que se viene haciendo, se tiene que reconstruir criterios, se tiene que reconstruir decisiones y se debe avanzar hacia otros ámbitos, para mejorar el sistema judicial y tener una mejor herramienta de justicia… Pero más allá de eso, lo más grave sigue siendo la impunidad, esto, debido a la exigencia de requisitos probatorios y criterios de evidencia, pues eso da pie a juicios estereotipados y muy discriminatorios”, expresó Talamantes Abe.
“Si se continúa con este mensaje de impunidad, de que la violencia contra las mujeres es tolerable, que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, entonces vamos a dar esta sensación de inseguridad a las mujeres, y esto puede convertirse en responsabilidad del Estado, es decir, se puede interpretar como crímenes de odio a las mujeres, que inducen a la impunidad, a la inseguridad, a la desconfianza y que el Estado no está atendiendo”, concluyó Talamantes Abe.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se conmemora el 25 de noviembre desde 1981, a fin de recordar la lucha que libraron las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas que lucharon por los Derechos Humanos de su país y por los derechos de las mujeres y que en el Gobierno de Rafael Trujillo fueron brutalmente asesinadas.
Si desea ver la conferencia completa, ingrese al siguiente enlace: Violencia femicida y violencia feminicida colateral
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