Es profundamente preocupante y lamentable escuchar las declaraciones del Ministro de Hacienda, el Sr. Nogui Acosta, en las que afirma que cumplir con el 8% del PIB para educación, tal como lo establece nuestra Constitución, obligaría al país a liberar a todos los presos y cerrar múltiples instituciones del gobierno. Estas declaraciones no solo son alarmistas y engañosas que buscan amedrentar a la población, sino que también demuestran una grave falta de compromiso con la educación, que es un pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad.
Es importante reconocer que el 8% del PIB destinado a educación no es una cifra arbitraria ni antojadiza; es un mandato constitucional que refleja la importancia que nuestra nación ha decidido otorgar a la educación como motor de progreso y justicia social. Cumplir con este mandato no debería ser visto como una carga, sino como una inversión esencial para el futuro de nuestro país.
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Además, la nota hace referencia aludiendo desinformación ya que las afirmaciones del ministro, sugiriendo que cumplir con este porcentaje implicaría cerrar instituciones clave y liberar a todos los presos, son una clara exageración que busca crear miedo y desviar la atención de la verdadera discusión: la necesidad urgente de fortalecer nuestro sistema educativo. Es irresponsable sembrar el pánico con declaraciones tan infundadas y alejadas de la realidad.
Existen múltiples maneras de reestructurar el gasto público y optimizar recursos sin necesidad de desmantelar instituciones esenciales. El problema radica en la falta de voluntad política y en la priorización de intereses que no siempre coinciden con el bienestar general. La educación no debe ser sacrificada en nombre de una austeridad malentendida o de la protección de sectores privilegiados.
Invertir en educación es invertir en la reducción de la pobreza, en la creación de empleo, en la mejora de la salud pública, y en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Negar los recursos necesarios a la educación es perpetuar la desigualdad y condenar a las futuras generaciones a un futuro de limitaciones y carencias.
Por lo tanto, de parte de la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED) instamos al gobierno y al ministro Nogui Acosta a reconsiderar sus posiciones y a asumir con seriedad y responsabilidad el desafío de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para educación. En lugar de promover el miedo y la desinformación, es momento de que nuestros líderes muestren el coraje y la visión necesarios para priorizar la educación y, con ello, asegurar un futuro próspero para todos los costarricenses.
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