Es profundamente preocupante y lamentable escuchar las declaraciones del Ministro de Hacienda, el Sr. Nogui Acosta, en las que afirma que cumplir con el 8% del PIB para educación, tal como lo establece nuestra Constitución, obligaría al país a liberar a todos los presos y cerrar múltiples instituciones del gobierno. Estas declaraciones no solo son alarmistas y engañosas que buscan amedrentar a la población, sino que también demuestran una grave falta de compromiso con la educación, que es un pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad.
Es importante reconocer que el 8% del PIB destinado a educación no es una cifra arbitraria ni antojadiza; es un mandato constitucional que refleja la importancia que nuestra nación ha decidido otorgar a la educación como motor de progreso y justicia social. Cumplir con este mandato no debería ser visto como una carga, sino como una inversión esencial para el futuro de nuestro país.
Además, la nota hace referencia aludiendo desinformación ya que las afirmaciones del ministro, sugiriendo que cumplir con este porcentaje implicaría cerrar instituciones clave y liberar a todos los presos, son una clara exageración que busca crear miedo y desviar la atención de la verdadera discusión: la necesidad urgente de fortalecer nuestro sistema educativo. Es irresponsable sembrar el pánico con declaraciones tan infundadas y alejadas de la realidad.
Existen múltiples maneras de reestructurar el gasto público y optimizar recursos sin necesidad de desmantelar instituciones esenciales. El problema radica en la falta de voluntad política y en la priorización de intereses que no siempre coinciden con el bienestar general. La educación no debe ser sacrificada en nombre de una austeridad malentendida o de la protección de sectores privilegiados.
Invertir en educación es invertir en la reducción de la pobreza, en la creación de empleo, en la mejora de la salud pública, y en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Negar los recursos necesarios a la educación es perpetuar la desigualdad y condenar a las futuras generaciones a un futuro de limitaciones y carencias.
Por lo tanto, de parte de la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED) instamos al gobierno y al ministro Nogui Acosta a reconsiderar sus posiciones y a asumir con seriedad y responsabilidad el desafío de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para educación. En lugar de promover el miedo y la desinformación, es momento de que nuestros líderes muestren el coraje y la visión necesarios para priorizar la educación y, con ello, asegurar un futuro próspero para todos los costarricenses.
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