El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) acordó una serie de principios orientadores que permiten una redistribución justa, sostenida y equitativa
El sistema de educación superior universitaria estatal de Costa Rica definió principios orientadores para la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, como parte de un proceso técnico que busca fortalecer el modelo de financiamiento de las universidades públicas y responder de manera más equitativa a las necesidades del desarrollo nacional.
En este contexto, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aprobó una propuesta que reconoce la importancia de establecer reglas claras para la asignación de recursos, bajo un enfoque de equidad, entendida como justicia en la distribución y no como igualdad mecánica; de sostenibilidad y de responsabilidad institucional.
Este planteamiento parte de un hecho clave: la distribución histórica del FEES ha respondido a condiciones particulares de creación, crecimiento y consolidación de cada universidad pública, lo que ha generado diferencias estructurales en la asignación de recursos.
Por ello, el proceso actual busca corregir esas brechas de forma progresiva, evitando impactos abruptos que comprometan la estabilidad financiera de las instituciones, y garantizando que cualquier ajuste sea técnicamente fundamentado y previsible en el tiempo.
Principios orientadores. El acuerdo asumido en la sesión 08-2026 del CONARE reconoce en el documento Principios de la redistribución del FEES 2027, los siguientes: Sostenibilidad Financiera del sistema de educación superior; Gradualidad; Equidad y fortalecimiento del aporte estratégico de las universidades; Fortalecimiento de la articulación interuniversitaria; Transparencia y rendición de cuentas; Vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior; Diferenciación institucional y complementariedad del sistema universitario, y Eficiencia.
Uno de los principios centrales es la sostenibilidad financiera del sistema, lo que implica que la redistribución debe resguardar la continuidad de las funciones sustantivas de las universidades (Docencia, Investigación y Acción social) sin generar desbalances que afecten su operación.
Vinculado a esto, el principio de gradualidad establece que los cambios no se implementarán de manera inmediata ni disruptiva, sino mediante ajustes escalonados que permitan a cada institución planificar y adaptarse responsablemente a los nuevos escenarios presupuestarios.
Otro eje fundamental es la equidad con enfoque de fortalecimiento estratégico, que busca dirigir mayores oportunidades de crecimiento hacia aquellas universidades que históricamente han tenido menor participación en el FEES, considerando variables como su cobertura territorial, el perfil de las poblaciones que atienden, su oferta académica, sus capacidades instaladas y su contribución al desarrollo social y científico del país.
A su vez, se promueve el fortalecimiento de la articulación interuniversitaria, incentivando el financiamiento de proyectos conjuntos, iniciativas estratégicas y mecanismos de cooperación que permitan a las universidades trabajar de forma complementaria, evitando duplicidades y maximizando el valor público de la inversión. En este punto, instrumentos como los fondos sistémicos han sido fundamentales y se proyecta su consolidación y expansión.
El principio de transparencia y rendición de cuentas cobra un rol esencial, al establecer la obligación de generar información clara, medible y verificable sobre el uso de los recursos y el impacto de las acciones financiadas, fortaleciendo así la confianza pública y la toma de decisiones basada en evidencia.
De manera complementaria, se plantea una vinculación directa con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), asegurando que la asignación del FEES esté alineada con los objetivos estratégicos del país, en áreas como acceso a la educación, generación de conocimiento, innovación y atención de necesidades sociales.
Asimismo, se reconoce la diferenciación institucional como un valor del sistema, dado a que cada universidad aporta desde su especialización con proyectos de impacto país, ya sea en investigación científica, educación a distancia, desarrollo regional, innovación tecnológica o formación profesional, por lo que la redistribución debe respetar y potenciar esa diversidad, en lugar de homogenizarla. A esto se suma el principio de eficiencia, que busca incentivar una gestión responsable de los recursos, orientada a maximizar resultados académicos y sociales.
Apego a la Constitución Política. Este proceso se enmarca en lo dispuesto por la Constitución Política de Costa Rica, que establece la obligación del Estado de garantizar el financiamiento de la educación pública, incluyendo la superior, como un elemento clave para el desarrollo nacional.
En este sentido, también se subraya la necesidad de asegurar una inversión sostenida en educación, en concordancia con el mandato constitucional de destinar al menos un 8% del producto interno bruto al sector educativo, así como de fortalecer el FEES como instrumento estratégico para ampliar el acceso, la permanencia estudiantil y la equidad social.
De esta manera, las universidades públicas sí se encuentran trabajando activamente en una propuesta de redistribución del FEES 2027, basada en criterios técnicos, diálogo interinstitucional y responsabilidad país, orientada no solo a mejorar la asignación de recursos, sino a consolidar un sistema universitario más equitativo, articulado y capaz de responder a los desafíos del desarrollo sostenible de Costa Rica.
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