- Criminóloga de la UNED plantea que imágenes del traslado al CACCO deben abrir una reflexión nacional sobre límites del poder punitivo del Estado y el respeto a los derechos humanos.
- Cuestiona reproducción de prácticas penitenciarias similares a las de El Salvador, debido a las diferencias sociales, económicas e institucionales entre ambos países.
- Académica reconoce importancia de fortalecer control penitenciario, pero señala que medidas de seguridad no deben vulnerar la dignidad humana ni derechos fundamentales.
- Finalmente llama a revisar las políticas públicas de prevención y atender los factores sociales que favorecen el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de organizaciones criminales.
San José. Las imágenes de personas privadas de libertad rapadas, con uniformes anaranjados y sometidas a estrictos procedimientos de seguridad durante su traslado al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) deben motivar una reflexión que vaya más allá de la demostración de fuerza del Estado costarricense.
De esa manera lo señaló la encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez Morales, señaló que estas escenas y permita analizar si las acciones implementadas están contribuyendo a prevenir las condiciones que favorecen el crecimiento de las organizaciones criminales.
El análisis surge tras el traslado de los primeros 123 privados de libertad al CACCO, ubicado en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela que se realizó el 26 de octubre e incluyó medidas de control y presentación personal que generaron comparaciones con prácticas penitenciarias aplicadas en El Salvador.
“Las imágenes del traslado de personas privadas de libertad a lo que se le llama el CACCO creo que sí deben llevarnos a una reflexión un poco más profunda, que sea más allá de una simple demostración de fuerza o de poder por parte del Estado”, señaló Jiménez.
La académica consideró preocupante que Costa Rica reproduzca prácticas asociadas con el sistema penitenciario salvadoreño sin tomar en cuenta las diferencias sociales, económicas e institucionales entre ambos países.
Aunque reconoce la necesidad de contar con mecanismos rigurosos de seguridad para personas consideradas de alto riesgo, advierte que estas medidas no deben convertirse en prácticas que comprometan la dignidad humana.
“Si bien es cierto, se requieren protocolos estrictos de seguridad para personas de alto riesgo, esto no justifica su exposición pública ni prácticas que puedan vulnerar su dignidad humana”, expresó tras recordar que detrás de cada persona privada de libertad también existen familias, madres, hijos e hijas que pueden verse afectados por la exposición pública de sus familiares.
El Ministerio de Justicia y Paz ha defendido las medidas aplicadas en el CACCO como parte de una estrategia para fortalecer el control penitenciario y evitar que personas vinculadas con estructuras criminales continúen desarrollando actividades delictivas desde los centros de reclusión.
Entre las disposiciones anunciadas figuran el corte de cabello, restricciones de pertenencias personales, vigilancia permanente y protocolos especiales de custodia; sin embargo, para la especialista de la UNED, es necesario diferenciar las acciones de seguridad justificadas de aquellas que puedan representar una exposición innecesaria de las personas bajo custodia del Estado.
Desde la criminología, Jiménez explicó que este tipo de situaciones pueden analizarse mediante diversas teorías como la del derecho penal del enemigo o la de etiquetamiento social, entre otras, las cuales permiten examinar cómo determinadas personas en conflicto con la ley llegan a ser tratadas exclusivamente como amenazas para la sociedad.
“Usualmente el populismo aprovecha esta figura del enemigo, donde la persona que está en conflicto con la ley se observa como una amenaza que tiene que ser sometida, desdibujando su condición como seres humanos sujetos de derechos”, manifestó.
La académica subrayó que la privación de libertad no implica la pérdida de todos los derechos fundamentales y que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana, incluso cuando se trata de personas condenadas por delitos graves.
No significa menos criminalidad. Uno de los principales cuestionamientos de Jiménez Morales está relacionado con la efectividad de las medidas penitenciarias para enfrentar las causas estructurales de la delincuencia.
La especialista reconoció que un centro de alta contención puede contribuir al fortalecimiento del control institucional, especialmente cuando existen riesgos de que organizaciones criminales mantengan operaciones desde las prisiones.
No obstante, advirtió que aumentar las medidas de vigilancia, endurecer las condiciones de reclusión o exhibir públicamente a las personas encarceladas no representa, por sí mismo, un avance en la prevención del delito.
“Una cárcel de alta contención puede mejorar el control penitenciario, que bien sabemos es prioritario, ya que en su ausencia se convierten en escenarios donde ocurren injusticias, violencia y reproducción de la criminalidad, pero no necesariamente esto representa un éxito en temas de prevención ni genera el efecto disuasivo que se cree que podría generar, cuando bien sabemos que la criminalidad se gesta por factores multicausales complejos y estructurales y no por libre albedrío como se presumía hace casi tres siglos, siendo teorías actualmente obsoletas, aunque sí atienden el clamor popular de “castigar”, afirmó.
Jóvenes deben ser prioridad. En medio de la preocupación nacional por la violencia asociada con el narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales, la encargada de Ciencias Policiales de la UNED considera indispensable que las políticas de seguridad incorporen una perspectiva preventiva social.
A su criterio, la respuesta del Estado no puede limitarse al encarcelamiento y al fortalecimiento de los mecanismos de control, lo cual es importante, pero no puede convertirse en la única acción, sino que debe incluir intervenciones capaces de reducir los factores que favorecen el reclutamiento de nuevas generaciones por organizaciones delictivas, y por supuesto, en la prevención terciaria, procurando darle las herramientas a las personas privadas de libertad para que puedan reintegrarse a la sociedad cuando cumplan su condena, de lo contrario, escenas como las de estos días en el CACCO, serán recurrentes y normales en los próximos años.
“No podemos medir el éxito de la seguridad por la cantidad de personas que están sentenciadas o por cuántas veces las exhibimos públicamente como estrategia de “disuasión”, sino que, por el contrario, tiene que medirse por la capacidad para evitar que estos niños y jóvenes sean reclutados por estructuras criminales, y por la cantidad de personas que se logran reintegrar a la sociedad luego de cumplir condena”, concluyó Jiménez.
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