Comunicado CONARE
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) informa que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Hacienda (expediente N.° 25-024360-0007-CO), como consecuencia de la retención del giro de las transferencias debidas a las universidades públicas dispuestas por la Ley de Presupuesto Nacional para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES).
En esta resolución la Sala Constitucional ordena a las autoridades del Ministerio de Hacienda, incluyendo al ministro, viceministro y a quienes en el futuro ocupen dichos cargos, adoptar las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, esto es, no volver a incurrir en retenciones de giro del FEES para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley de Presupuesto Nacional.
En el recurso presentado por CONARE y que la Sala Constitucional declara con lugar se solicitó:
- Que se declarara con lugar el recurso de amparo.
- Que se ordenara al Ministerio de Hacienda incluir y asignar el monto total del FEES dentro de la programación de transferencias del Presupuesto Nacional.
- Que se dispusiera el giro de los montos correspondientes al 2% de incremento que no han sido transferidos.
- Que se ordenara al Ministerio abstenerse de repetir conductas que impliquen la reducción, retención o no giro de los recursos asignados al FEES.
Al declarar este recurso con lugar la Sala Constitucional reafirma la obligación del Estado de ajustarse al marco constitucional y legal vigente en materia presupuestaria, reforzando la obligación del Ministerio de Hacienda de garantizar la transferencia completa de los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para el FEES sin retención o disminución alguna a futuro.
Lo resuelto por la Sala Constitucional confirma el propósito que tiene el artículo 85 de la Constitución Política para asegurar la estabilidad y continuidad del financiamiento de la educación superior pública.
Por ello, el Consejo destaca que este fallo representa un respaldo a los principios constitucionales presupuestarios que dan protección y rigen el financiamiento de la educación superior pública, como inversión pública esencial para el desarrollo de Costa Rica.
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