Cifras muestran expansión en matrícula, sostenimiento de becas, cobertura regional, acreditación académica y aumento de proyectos vinculados con comunidades y sectores productivos
Comunicado CONARE
Este lunes 20 de abril, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) presentó, en conferencia de prensa, los resultados del Informe de Cumplimiento de Indicadores, un mecanismo formal de rendición de cuentas acordado entre las autoridades universitarias y el Gobierno de la República desde el año 2023, mediante el cual se da seguimiento a los compromisos asumidos en el marco del financiamiento.
Los datos muestran que 17 de los 20 indicadores evaluados en 2025 alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento y, dentro de ese grupo, 11 superaron el 100%.
El informe reúne resultados en acceso, permanencia, regionalización, calidad académica, innovación docente y vínculo con sectores productivos y comunidades. Más que datos aislados, el balance muestra un sistema que mantiene cobertura, amplía atención a poblaciones específicas y sostiene procesos de mejora en diferentes áreas.
En inclusión, por ejemplo, durante 2025 se atendieron 2.644 estudiantes con discapacidad o necesidades educativas, con cobertura del 100% de las solicitudes recibidas. En permanencia, las universidades reportan 53.802 estudiantes becados en pregrado y grado. De ese total, 43.316 recibieron beca completa, con exoneración total de matrícula y beneficios complementarios.
El acceso también registra avances en territorios históricamente rezagados. En 2025 ingresaron 389 estudiantes provenientes de colegios en territorios indígenas, de un total de 431 personas graduadas de secundaria en esas comunidades durante 2024. Esto equivale a una tasa de ingreso del 90%. Un año antes habían ingresado 279.
El sistema universitario público registra tiempos promedio de titulación de 3,7 años en pregrado, 5,2 años en bachillerato y 6,2 años en licenciatura, lo que refleja la duración de los procesos formativos sin reducción de estándares académicos de calidad. En términos de resultados, la tendencia de titulación se mantiene al alza en las universidades públicas, en contraste con el sector privado, que presenta una leve caída en la cantidad de títulos otorgados.
Este comportamiento se da en un contexto de matrícula estable, cercana a los 120 mil estudiantes por año, con una recuperación posterior a la pandemia y un crecimiento acumulado del 18,3% entre 2014 y 2024. Solo en 2021 se alcanzó un máximo histórico de 125.086 estudiantes. Además, la matrícula anualizada en 2025 crece un 6,58% en relación con 2019, lo que evidencia una demanda sostenida por la educación superior pública y una mayor permanencia de estudiantes en el sistema.
La regionalización sigue siendo uno de los datos más relevantes. Este año se matricularon 16.528 estudiantes de primer ingreso provenientes de zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y el sistema alcanzó 49.159 estudiantes matriculados en sedes regionales. Según el informe, se trata del máximo histórico de matrícula reportado fuera de la GAM en términos absolutos.
En calidad académica, las universidades públicas acumulan 367 carreras acreditadas, equivalentes al 32,94% de toda su oferta académica, con un crecimiento de 3,81% respecto a 2024. Además, 32 de 33 carreras sometidas a reacreditación obtuvieron ese reconocimiento, para un 96,97% de cumplimiento.
En formación complementaria, 1.985 personas graduadas certificaron nivel B2 de inglés. Esto representa el 24,89% del universo válido para este indicador y supone 136 graduados más con dominio certificado del idioma respecto al periodo anterior.
En investigación, las universidades desarrollaron 3.026 proyectos articulados con sectores productivos y organizaciones comunitarias. Un año antes eran 1.995. En extensión y acción social, se reportan 2.255 proyectos, frente a 1.518 en 2024.
El ajuste de la oferta también se refleja en los planes de estudio. En 2025 fueron modificados 46 de los 50 planes identificados en carreras con mayores niveles de desempleo entre sus personas graduadas. El avance acumulado en este indicador llega al 92%.
A eso se suma la formación continua. El sistema reporta 2.656 cursos de educación continua, de los cuales 764 estuvieron dirigidos específicamente a profesionales de carreras con mayor índice de desempleo. El incremento interanual en ese grupo fue de 28,8%.
La formación en áreas estratégicas también ocupa un lugar preponderante en el sistema público universitario. En 2025, 59.338 estudiantes cursan carreras STEAM, equivalentes al 49,9% de la matrícula total. En sedes fuera de la GAM, 42.130 estudiantes se encuentran en carreras STEM, lo que representa el 32,9% de la matrícula regional. La oferta académica de las universidades públicas es de 312 carreras en el área STEM.
En 2025, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) alcanzó un total de ₡587.608 millones, de los cuales ₡83.517 millones se destinaron a investigación, innovación, extensión y acción social en áreas estratégicas. Estos recursos financian actividades directamente vinculadas con la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y el trabajo con comunidades, y reflejan la distribución del presupuesto universitario hacia funciones que impactan tanto en el ámbito académico como en el entorno productivo y social.
Sala IV condena retención del FEES
El fallo de la Sala Constitucional, incorporado en el logro 21, declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por el Conare contra el Ministerio de Hacienda y ordenó el giro inmediato de los recursos retenidos del FEES 2025. La resolución establece que Hacienda vulneró el derecho a la educación al no transferir ₡11.521 millones, correspondientes al 2% adicional del FEES aprobado por la Asamblea Legislativa y vigente como ley de la República. La Sala condena al Estado por esta omisión y reafirma que los recursos destinados a la educación superior pública no pueden ser retenidos ni modificados por decisiones administrativas, al tratarse de un financiamiento con respaldo constitucional.
Consenso en principios de redistribución
Para finalizar, las autoridades del Conare presentaron el acuerdo alcanzado por el sistema universitario estatal, a través del CONARE Ampliado realizado el pasado 14 de abril, en torno a los principios que orientarán la redistribución del FEES 2027. Se trata de un conjunto de ocho principios definidos de manera consensuada, que establecen criterios como la equidad, la gradualidad, la eficiencia, la sostenibilidad financiera, la transparencia y la articulación interuniversitaria, entre otros.
Estos principios no se aplican de forma aislada, sino como un marco integral que busca reducir brechas entre universidades, fortalecer a aquellas con menor participación histórica en el financiamiento y garantizar la continuidad de las funciones sustantivas del sistema. La definición de este marco corresponde al propio sistema universitario, en ejercicio de su autonomía, y apunta a un proceso de redistribución gradual y sostenible, alineado con la planificación nacional de la educación superior.
