Los rectores de las cinco universidades públicas acordaron el martes 4 de octubre, hacer un comunicado conjunto sobre las declaraciones brindadas por el señor Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, en una entrevista en Radio Monumental. Limitar el presupuesto en educación nunca puede ser percibido como una victoria y resulta ajeno a las tradiciones democráticas que han marcado el desarrollo de nuestro país.
La coyuntura actual, marcada por los efectos de la pandemia generada por la Covid-19, no solo en términos educativos, sino económicos y sociales en general, exigen que el Gobierno, a través de todos sus ministerios e instituciones, asuma un papel de defensa de un sistema educativo que tenga el financiamiento suficiente para hacerle frente a la situación que atraviesa nuestro país.
La llamada era de la “post verdad” y de las “noticias falsas”, exigen de una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática, equitativa y promotora de los derechos humanos.
En ese sentido, la educación en todos sus niveles, incluyendo la educación superior, cuentan con un financiamiento garantizado por mandato constitucional, que no puede ser menor al 8% del PIB y que la Sala Constitucional ya había señalado la exigencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo de respetar ese porcentaje. No se pueden cometer los errores del pasado cuando a raíz de los recortes en la educación pública se condenó a un gran porcentaje de la población a la informalidad, al desempleo o a los puestos no calificados, generando más pobreza y desigualdad social.
Asimismo, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aclara que ha rechazado, en forma categórica, la intención del Poder Ejecutivo de intervenir en el proceso de análisis de la distribución de presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Presidente del CONARE, Rodrigo Arias Camacho señaló que “las universidades, en conjunto con las federaciones de estudiantes, ya venimos trabajando en un proceso sobre la distribución del FEES y ese proceso debe ser respetado”. Indicó, además, que “la Constitución Política es clara en establecer que esa competencia es exclusiva de CONARE”.
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