- Estudio revela una realidad compleja en Puntarenas, Corredores y Garabito donde múltiples factores de riesgo aumentan la vulnerabilidad de niñeces y adolescentes.
- La investigación, la extensión y acción social en trabajo articulado fortalecen la respuesta país a una problemática crítica.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la Zona Sur del país no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la convergencia de factores estructurales como la pobreza extrema, las dinámicas migratorias, el turismo sexual, el uso desregulado de plataformas digitales, así como vacíos críticos en la información y debilidades en la articulación institucional.
Estos son parte de los resultados de la investigación “La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones de la zona sur del país”, estudio desarrollado en Puntarenas, Corredores y Garabito.
Los hallazgos, que ofrecen una radiografía rigurosa sobre los factores que aumentan la vulnerabilidad de esta población, fueron expuestos en la mesa de trabajo “Retos ante la explotación sexual de niñez y adolescencia”, impulsada por la Subcomisión de Niñez y Adolescencia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que reunió a actores institucionales, académicos y organizaciones sociales en el CETT-Zapote el pasado 10 de junio.
“El estudio confirma la existencia de altas vulnerabilidades territoriales, junto con deficiencias en el trabajo interinstitucional y en la gestión de información, factores que inciden directamente en la exposición de niñas, niños y adolescentes a este flagelo”, explicó el investigador Rolando Barrantes.
Del conocimiento a la acción colectiva
Más allá de los datos, la mesa de trabajo se consolidó como un espacio de diálogo y construcción conjunta, en el que se integraron perspectivas desde la academia, el Estado y la sociedad civil.
La directora de la organización Face of Justice, Glenda Mora Navarrete, aportó un contexto directo sobre las realidades que enfrentan las organizaciones que atienden a víctimas sobrevivientes, evidenciando la urgencia de respuestas más integrales. En la misma línea, Andrea Ceciliano, Psicóloga de la Unidad de Análisis de Políticas de la Niñez y Adolescencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hizo un llamado a trascender la generación aislada de información y avanzar hacia procesos articulados que fortalezcan la prevención, la promoción de derechos y la atención oportuna.
Desde la academia, Daniel González Quesada, coordinador del PRIDENA (Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y las Adolescencias) y miembro de la Subcomisión de Niñez y Adolescencia de CONARE, destacó que este tipo de espacios permiten no solo comprender los retos, sino también construir respuestas colectivas:
“Este encuentro nos permitió conocer los desafíos ante la explotación sexual de la niñez y adolescencia desde distintas miradas, pero, sobre todo, nos convoca a articular esfuerzos. No se trata únicamente de generar información desde cada institución, sino de encadenar procesos que incidan en la prevención, la garantía de derechos y una atención más clara y oportuna”.
El valor público de la educación superior
Este esfuerzo se enmarca en el Año de las Universidades Públicas por la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa que reafirma el rol de la educación superior pública como actor clave en la generación de conocimiento aplicado y en la transformación social.
La investigación presentada, desarrollada de manera articulada entre programas e institutos universitarios durante más de un año, constituye un ejemplo concreto del valor público que generan las universidades: no solo forman profesionales, sino que producen evidencia, promueven la acción social y contribuyen directamente al diseño de políticas públicas.
En palabras de González, este tipo de procesos “demuestran el valor que se genera desde la investigación, la extensión y la acción social, al aportar una imagen clara de la realidad que enfrenta el país y evidenciar la necesidad de fortalecer programas, proyectos y políticas públicas para atender esta problemática”.
Así, la articulación entre universidades públicas, instituciones estatales y organizaciones sociales se consolida como un motor para el desarrollo nacional, el bienestar colectivo y el fortalecimiento de la democracia, al poner el conocimiento al servicio de las necesidades y aspiraciones de la población más vulnerable.
Los principales hallazgos del estudio
El análisis arrojó una radiografía compleja sobre la situación actual de la vulnerabilidad infantil en la región, destacando los siguientes factores críticos:
- Factores de riesgo acumulados: La combinación de pobreza extrema, dinámicas migratorias, turismo sexual y el uso desmedido de plataformas digitales incrementan drásticamente el peligro para las personas menores de edad.
- Subestimación y dispersión de datos: Existe una alarmante falta de unificación en las estadísticas y registros sobre este flagelo.
- Deficiencias de gobernanza: Se evidenciaron debilidades en la gestión interinstitucional y el trabajo coordinado en el territorio
Compartimos un audio del señor Daniel Quesada, Coordinador del PRIDENA y miembro de la Subcomisión Ninez y Adolescencia del Conare
