- Captura de líderes criminales puede debilitar temporalmente estructuras delictivas, pero no elimina las condiciones que permiten su reorganización.
- Especialista advierte sobre la incorporación de personas cada vez más jóvenes a dinámicas delictivas y señala la prevención social como una herramienta indispensable.
- Educación, oportunidades para jóvenes, trabajo comunitario y recuperación de espacios públicos deben avanzar junto con las acciones policiales y judiciales.
San José. Los operativos policiales y la captura de cabecillas representan acciones necesarias para enfrentar al crimen organizado; sin embargo, mientras existan jóvenes expuestos a condiciones que facilitan su incorporación a estructuras delictivas, nuevos liderazgos pueden ocupar los espacios dejados por quienes son detenidos.
Esta dinámica amenaza con perpetuar un ciclo de violencia que Costa Rica difícilmente podrá romper únicamente mediante mayor presión policial, aumento de penas o ampliación de la capacidad penitenciaria.
Así lo advierte, la encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez Morales,quien considera que las intervenciones policiales deben estar acompañadas por políticas sostenidas de prevención social, particularmente en aquellas comunidades donde niños, adolescentes y jóvenes se encuentran más expuestos a factores de riesgo.
“La realidad es que las detenciones de cabecillas no resuelven por sí solas el problema de la violencia, pueden surgir nuevos cabecillas y lo preocupante es que, de acuerdo con la tendencia que estamos observando, son personas cada vez más jóvenes”, explicó.
En ese contexto, la académica agregó que estamos ante un ciclo que, “no vamos a detener solamente con presión policial, aumentando las penas o creando más espacios en las cárceles”, señaló Jiménez Morales.
Para la especialista de la UNED, uno de los principales desafíos consiste en evitar que la respuesta ante el crimen organizado se concentre exclusivamente en reaccionar cuando las estructuras criminales ya están consolidadas.
Una intervención policial puede detener a personas vinculadas con homicidios, narcotráfico u otros delitos y debilitar la operación inmediata de un grupo; sin embargo, –señaló Jiménez–, si permanecen las condiciones sociales que facilitan el reclutamiento de nuevos integrantes, existe el riesgo de que otras personas ocupen rápidamente esos espacios.
El fenómeno resulta particularmente preocupante cuando adolescentes y jóvenes comienzan a incorporarse a estas dinámicas.
Más allá de identificar quién sustituirá a un determinado cabecilla, la criminóloga consideró que es necesario preguntarse por qué una persona joven está dispuesta a ocupar ese lugar y qué condiciones están facilitando su incorporación a una estructura criminal.
“Si únicamente intervenimos cuando el joven ya forma parte de una organización delictiva, estamos llegando tarde, la prevención tiene que comenzar mucho antes, desde las comunidades, las familias, los centros educativos y las oportunidades que como sociedad seamos capaces de ofrecer”, explicó.
Prevención también es seguridad. La experta de la UNED indicó que la prevención social de la violencia busca precisamente intervenir sobre los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas y las comunidades frente al delito.
Esto implica fortalecer la permanencia de menores y adolescentes en el sistema educativo, generar oportunidades de capacitación y empleo, recuperar espacios públicos, ampliar alternativas deportivas y culturales, trabajar con familias y reforzar la presencia institucional en comunidades con mayores factores de riesgo.
También requiere fortalecer los vínculos entre las comunidades y los cuerpos policiales, de manera que la seguridad ciudadana no se limite a reaccionar frente a un homicidio, una balacera o la operación de una organización criminal.
“De nada valen estas intervenciones si complementariamente no realizamos un trabajo en prevención social, la acción policial es necesaria y tiene una función fundamental, pero mientras la policía interviene sobre las consecuencias del fenómeno criminal, otras instituciones tienen que trabajar para reducir los factores que permiten que ese fenómeno continúe reproduciéndose”, afirmó Jiménez.
La académica recordó que la seguridad es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y que, el artículo 140 de la Constitución Política establece, entre otras obligaciones, mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, proteger las libertades públicas y disponer de la Fuerza Pública para preservar el orden y la seguridad del país.
“Pero esa responsabilidad no puede entenderse solamente con más policía o más operativos. También implica trabajar en la prevención social a través de las instituciones ya existentes, pero de forma estratégica, interinstitucional, constante en el tiempo y basado en datos, evidencia”, agregó.
Desafío está en evitar próxima generación
Desde esta perspectiva, el éxito frente al crimen organizado no debería medirse únicamente por la cantidad de personas detenidas, armas decomisadas u organizaciones desarticuladas, sino también por la capacidad del país para impedir que nuevos jóvenes ingresen a esas estructuras.
Para la criminóloga, esto requiere una estrategia integral en la que participen instituciones educativas, gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales, cuerpos policiales y otras entidades públicas.
La especialista enfatizó que apostar por la prevención social no significa disminuir la presencia policial ni restar importancia a las investigaciones y operaciones contra grupos criminales, “ambas respuestas deben complementarse”, dijo Jiménez.
“Necesitamos la intervención policial y necesitamos que quienes cometen delitos enfrenten las consecuencias correspondientes, pero, también tenemos que impedir que detrás de ellos exista una nueva generación lista para sustituirlos, añadió.
Y concluyó: “si no hacemos ambas cosas simultáneamente, estaremos atendiendo los efectos de la violencia sin lograr romper el ciclo que la reproduce. La actuación policial, la prevención social, la educación y la participación comunitaria formen parte de una respuesta articulada frente a las nuevas dinámicas de la criminalidad”.
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